(…)“La demanda de nuestras
instalaciones podría verse seriamente afectada por el relajamiento de las
acciones de la ley, indulgencia en las condenas y libertad supervisada, así
como también en los procedimientos de sentencia o a través de las
descriminalización de ciertas
actividades que son actualmente proscritas por nuestras leyes contra el crimen.
Por ejemplo, cualquier cambio con respecto a las drogas o sustancias
controladas y a la inmigración ilegal, podría impactar sobre el número de
personas arrestadas, condenadas y sentenciadas, reduciendo de esa manera la
demanda de los centros de detención para confinarlos”.
LATINOS BUEN NEGOCIO PARA LA
INDUSTRIA PRIVADA DE LAS
CARCELES EN U.S.A.
Por Marvin Najarro
Desde la era de Reagan, a mediados de los años 1980, cuando se transfirió a
firmas privadas el manejo de poblaciones carcelarias en los Estados Unidos, se
han construido y abierto más de 150 instalaciones privadas -centros de detención,
y prisiones- con una capacidad para albergar aproximadamente a 120,000 personas.
Un 7% de todos los prisioneros adultos
del país han sido confinados en ellas. Una de las firmas privadas que más se ha
beneficiado de ese cambio de política y la que recibió el primer contrato en
1984 es la Corrections Corporation of America, Corporación de Correccionales de
América (CCA por sus siglas en inglés) que hasta la fecha es la compañía más
grande en el negocio de las prisiones privadas en el país. La industria privada
de las prisiones que ha contado con enormes subsidios del dinero de los
contribuyentes, aun antes de recibir los contratos públicos, ha construido
miles de celdas a lo largo del país, especialmente en aquellas comunidades
pobres que han quedado rezagadas en la economía global.
De acuerdo al abogado David Shapiro del Project Prison de la Union de
Libertades Civiles Americanas (ACLU por sus siglas en inglés) la
subcontratación del negocio carcelario “ha sido una bonanza para la industria
privada de las prisiones, quienes se embolsan billones de dólares al año y
pagan jugosas compensaciones a sus ejecutivos de alto rango”. Entre 1998 y el
2000, esos mismos ejecutivos, por ejemplo, endosaron cheques por un valor de 1,200
millones de dólares a candidatos y partidos políticos. Y por qué no, cuando sus
firmas han recibido tan enormes subsidios públicos como los $68 billones en bonos
libres de impuestos que les ha servido para construir sus centros carcelarios
privados.
Era necesario entonces echar andar la empresa y, para ello tenían que
llenar esas celdas.
¿Cómo se levanta un negocio si su propósito fundamental es el lucro? En
este caso, el de las prisiones privadas, manteniendo un constante flujo de
prisioneros. Por cada ser humano enviado a prisión, CCA o el GEO Group, el
segundo gigante de la industria, obtienen el equivalente a 122 dólares diarios
por cabeza. El pasado año CCA reportó un ingreso bruto de 1,700 millones de
dólares, casi la mitad del total producto de contratos otorgados por el
gobierno. Eso es un poderoso incentivo para mantener a la gente bajo encierro.
En años recientes, la estrategia más efectiva para la expansión del mercado en
el sector de la industria de las prisiones privadas ha sido la criminalización
de los inmigrantes.
A pesar de constituir el 16% del
total de la población de los Estados Unidos, los latinos son ahora la nueva
mayoría de la población carcelaria. Una serie de leyes recientes han redefinido
la inmigración indocumentada, de ser una simple infracción administrativa ha
pasado a convertirse en una felonía que ha dado lugar a la creación de
numerosos centros de detención para inmigrantes, construidos y administrados
por la industria de las prisiones privadas. Por ejemplo, una operación iniciada
en el 2005 y conocida en inglés como Operation Streamline, es una medida que
ordena que casi todos los inmigrantes
indocumentados que crucen la frontera sur en ciertas áreas, sean enjuiciados a
través del sistema federal de justicia criminal.
Un reporte del Grassroots Leadership que monitorea el programa Operation
Streamline muestra que los distritos federales a lo largo de la frontera Texas-México
han gastado, desde que el programa empezó en el 2005, más de 1200 millones de
dólares en la detención y encarcelamiento de aquellos que cruzan la frontera,
más de 135,000 inmigrantes han sido enjuiciados criminalmente es esos dos
distritos de la frontera, bajo dos secciones del código federal que hacen de la
entrada y reentrada sin autorización un crimen. El reporte encontró que hubo un
incremento del 2,722% en enjuiciamientos por entradas ilegales y del 267% por
reentradas ilegales en comparación al 2002.
Como resultado de estas políticas los latinos constituyen ahora la mayoría
de las personas enviadas a las prisiones federales por crímenes ahora catalogados
como felonías. Son las sentencias, por lo que se define como felonías que
castigan la colaboración y el cruce ilegal de la frontera, las que han
contribuido al incremento de prisioneros latinos en las cárceles manejadas por
el complejo industrial carcelario privado. Mientras que los latinos hacen el
16% de la población total del país, el 50.3% del total de sentenciados en el
2011 eran de origen latino.
El número de inmigrantes que el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) envía actualmente a centros de detención es de unos 400,000 al año.
También se ha incrementado el número de mujeres en prisión -800%- a causa del
aumento en las sentencias por ofensas no violentas de inmigración y de consumo
de drogas. Las redadas contra la población inmigrante ha resultado en que la
mitad de estos tengan que pasar tiempo en prisión, en comparación a la cuarta
parte de hace una década. Esta jugosa cacería humana llevada a cabo por el
complejo industrial de las prisiones privadas, con el dinero de los
contribuyentes, ha dejado una huella profunda en la comunidad inmigrante,
especialmente la latina, que tiene que sufrir la amarga experiencia de la
separación familiar y la consiguiente destrucción de vidas.
El apetito de la industria privada por mantener el flujo constante de
prisioneros y así mantenerse esquilmando incesantemente a la vaca sagrada es enorme,
por lo tanto, no extraña la presión que ejercen los cabilderos que representan
a la industria sobre el congreso norteamericano para que no cejen en sus
políticas de criminalización de los inmigrantes y de la guerra contra la
drogas. El reporte anual del 2010 de la Corporación de Correccionales de
América manifiesta muy claramente la necesidad de continuar con las políticas
de criminalización, a la vez que advierte a sus inversionistas: “La demanda de
nuestras instalaciones podría verse seriamente afectada por el relajamiento de
las acciones de la ley, indulgencia en las condenas y libertad supervisada, así
como también en los procedimientos de sentencia o a través de las
descriminalización de ciertas
actividades que son actualmente proscritas por nuestras leyes contra el crimen.
Por ejemplo, cualquier cambio con respecto a las drogas o sustancias
controladas y a la inmigración ilegal, podría impactar sobre el número de
personas arrestadas, condenadas y sentenciadas, reduciendo de esa manera la
demanda de los centros de detención para confinarlos”. El reporte nota que tres
agencias del gobierno federal, el Buró de Prisiones (15%), el ICE (12%) y el
Servicio de Marshalls (16), han contribuido en un 43% al total de ganancias
($717.8 millones) obtenidas el año fiscal 2010. El reporte concluye, “Nosotros
dependemos de las agencias del gobierno con las cuales tenemos contratos que
proveen prisioneros para el funcionamiento de nuestras instalaciones”.
El negocio de la industria privada de las prisiones además de ser
deshonesto e inhumano, pues se aprovecha del dinero de los contribuyentes y
destruye vidas, relaciones y sueños de aquellos pobres inmigrantes que solo
buscan mejorar sus condiciones de vida, pone al descubierto la corrupta
relación existente entre los políticos, funcionarios públicos y los intereses
de las grandes corporaciones que solo buscan llenarse los bolsillos de dinero
en un sistema económico que funciona precisamente para ese fin -convertir todo
o casi todo en mercancía, sin importar el costo humano del daño causado a aquellos
que resultan ser los mas vulnerables.
Un reportaje de AP encontró que las compañías que manejan las prisiones
privadas gastaron en la última década más de 45 millones de dólares en cabildeo
y campañas políticas. De acuerdo a un reporte del Justice Policy Institute, la
CCA gastó en cabildeo federal en la última década un promedio de 900,000 dólares al
año. La suma no contabiliza el dinero gastado en cabildeo estatal en donde
las prisiones privadas participan activamente, como tampoco el dinero gastado
en contribuciones de campañas políticas. Cuando Arizona aprobó la ley
SB1070 que daba a los policías mayor poder para detener a cualquier persona
sospechosa de ser indocumentada, se encontró que, 30 de los 36 copatrocinadores
de la legislación habían recibido significativas sumas de dinero en
contribuciones de campaña de parte de las compañías de las prisiones
privadas.
Cuando una nación utiliza todo su poder para limitar o denegar la libertad
de las personas, estamos hablando de una clase gobernante o de un gobierno
autoritario. Los encarcelamientos masivos de personas basados en la raza, su
origen étnico o nacionalidad, creencias políticas, clase, orientación sexual,
edad u otras características inherentes, es una forma de tiranía. Sin embargo,
para una población constantemente asediada por la propaganda desinformativa difundida
por los medios de prensa sobre el peligro que representa “el otro” para su
seguridad personal y nacional, estos hechos pasan mayormente desapercibidos o
se les presta poca atención aun y cuando esté sucediendo en gran escala aquí,
en los Estados Unidos de América.
Los inmigrantes, especialmente latinos, son la mercancía más codiciada por
el floreciente negocio de la industria privada de las prisiones.
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario