jueves, 3 de enero de 2013

EL ACUERDO GUBERNATIVO 370- 2012…

El Acuerdo Gubernativo 370 emitido a finales de 2012, mismo que se publicara en el Diario Oficial, del Estado de Guatemala deja sin competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para conocer casos criminales (detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición individual y en masa) apelando a una reserva, la cual en términos prácticos y técnico-jurídicos no es que no la entiendan de la manera debida  los “asesores legales del gobierno”, sino que la mal interpretan deliberadamente, como mediocre acción jurídica y pésima práctica política.


EL ACUERDO GUBERNATIVO 370- 2012
NO ES UN EJERCICIO JURÍDICO
SINO UNA MANIOBRA POLÍTICA



Por Luciano Castro Barillas

La superestructura del Estado (lo ideológico, lo jurídico y lo político) ha funcionado siempre como el perfecto sinérgico y la concepción inicial de toda ley es política, más que jurídica, al punto que la política “es la expresión concentrada de la economía”. Las razones de fondo son los intereses económicos de la clase dominante, no por gusto se da en el momento actual la terrible contumacia y tozudez opositora de las cámaras empresariales guatemaltecas contra la Ley de Desarrollo Rural. La ley como instrumento positivo es resultado de una profunda   -a veces no-  reflexión política, una fuente de derecho que puede ser la coyuntura histórica dada, tal el caso del burdo y nefando Acuerdo Gubernativo 370-2012 emitido para ser manto de impunidad o acción de “taparse con la misma chamarra” de un militar, ahora presidente, seriamente cuestionado por gravísimas violaciones a los derechos humanos y que fuera en su momento oficial subalterno del Demonio Mayor, Efraín Ríos Montt

El Acuerdo Gubernativo 370** emitido a finales de 2012, mismo que se publicara en el Diario Oficial, del Estado de Guatemala deja sin competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para conocer casos criminales (detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición individual y en masa) apelando a una reserva, la cual en términos prácticos y técnico-jurídicos no es que no la entiendan de la manera debida  los “asesores legales del gobierno”, sino que la mal interpretan deliberadamente, como mediocre acción jurídica y pésima práctica política. Es decir, mediocre como disquisición conceptual e irrelevante como acción política. Eso sí,  colmada de la más abyecta perversión, y lucubrada por una camarilla de pícaros, como corresponde a un Estado reaccionario que quiere pasar por alto la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno o nacional. ¿Acaso en la formación profesional de derecho no conocieron la pirámide de Kelssen sobre el orden jerárquico de las leyes?

O sea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo puede conocer lo de 1987 en adelante, claro, lo que deja de lado cualquier acción punitiva, de castigo, a los ejecutores de los mejores años de matatusa y dar agua,  es decir los años de terror de las sucesivas dictaduras militares. Las personas afectadas, al final, no quieren reparaciones monetarias sino morales, y la Constitución Política de la República de Guatemala en ese sentido es un documento mezquino y de poco desarrollo. Lo que anhelan las personas como acto de justicia es ver en la cárcel a todos aquellos responsables que hicieron posible la creación del escabroso documento, Dossier de la vergüenza, o sea, El Diario Militar. Hay jurisprudencia internacional en esa materia, pluralidad de sentencias concordes que establecen un criterio sobre un problema jurídico, por lo tanto, para quien quiera verlo, estas reiteraciones judiciales serán siempre fuente de rectitud, ilustración y de derecho. Claro está, no para personas como Telésforo Guerra Cahn, el abogado más cochino del foro guatemalteco.




**Según una nota recién publicada por la agencia noticiosa EFE, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha decidido suspender el decreto por el que su gobierno desconocía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987. A continuación el texto completo de la información de EFE.

Guatemala, 3 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, suspendió hoy el decreto por el que el Estado determinó que no reconocerá los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987, en medio de críticas que señalan que esa medida fomenta la impunidad.
"Ya le di instrucciones al secretario de la Paz (Antonio Arenales) para que ese documento no sea entregado ante la corte y, mientras eso no sea depositado, la reserva no puede entrar en vigencia", dijo el mandatario a los periodistas.








Publicado por LaQnadlSol
USA.

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