PEOR ES NADA

 Por Luciano Castro Barillas

Es el nombre de una aldea de San Marcos. No se quién tendría la semejante ocurrencia de designar con ese nombre  -un adjetivo comparativo de desprecio-  a una comunidad agrícola de campesinos humildes y trabajadores. Sería más justo designar con ese nombre a la Actualización Fiscal de Otto Pérez Molina, habida cuenta que el mejoramiento de la economía guatemalteca tiene que pasar necesariamente por la reforma fiscal. Palabra ésta, pestilente, para los sectores conservadores de nuestro país que proviniendo de los Acuerdos de Paz, nunca fue de su agrado. Huele a Satanás, pues es resultado de un acuerdo político entre guerrilleros y el gobierno. En fin, mal que bien, se ha dado un mínimo avance, cuyos resultados están por verse, pues la renuencia a pagar un poco más por los sectores que nunca pagan, cogen desde siempre el camino del consumidor final. Pero es necesario caer en la cuenta de lo siguiente: Una reforma fiscal es estratégica para garantizar la viabilidad de Guatemala como nación y al Estado la gobernabilidad de 14 millones de cristianos. Hay un entendimiento del problema de todos los sectores, lo que no hay es voluntad política fundada en el discernimiento, pues las crisis cíclicas financieras se tornan año con año insostenibles, que redunda en el endeudamiento creciente que de seguir así nos acerca a la insolvencia total, estilo Grecia y a un descrédito total por el incumplimiento de las responsabilidades de pago. “No hay peor cosa en este mundo  -decía mi abuelo- que un tramposo”. Entendía él que las deudas no son de dinero sino de honor. Aunque, claro, ese sentido de honorabilidad no es lo que motiva las acciones de los banqueros internacionales, aunque mi abuelo murió creyendo que personas decentes eran todas aquellas que usaban traje y corbata. No conoció la condición de los ladrones de cuello blanco.

Las estadísticas son contundentes con el problema financiero guatemalteco. La crisis financiera internacional del 2009 incidió regresivamente en la recaudación fiscal y caímos del histórico 12.1% del Producto Interno Bruto del 2007, al 10.3% en el 2009, es decir, que a cambio de ir para adelante, vamos para atrás, pese a que leyes como la Antievasión II y la eliminación del secreto bancario (que sigue siendo todo un misterio digno de los especialistas en criptología y de los que creen que el mercado es filosofía platónica de leyes ocultas y uránicas) se suponía mejorarían la recaudación. Por supuesto el PIB es un referente lleno de imprecisiones, pero aceptado internacionalmente como categoría económica-temporal que mide el valor en dinero de bienes y servicios de un país en 12 meses.  Algunas cosas sed han hecho, mal que bien, para corregir la crisis financiera del Estado, por ejemplo: la Actualización Fiscal (sin utilizar la palabra reforma, que es del total desagrado de los caciferos), tímidas reformas al Impuesto sobre la Renta, con presión a las capas medias acomodadas que buscan imitar el estilo de vida burgués y que deben pagar por sus gustitos) y algunas leyes de carácter político (las leyes penales internacionales) que le dan fortaleza al Estado y sus acciones, lo cual incide positivamente en el comportamiento de la economía. No olvidemos el siempre vigente descubrimiento marxista: La política es la expresión concentrada de la economía.  La reforma fiscal es el método sencillo para lograr el mínimo de gobernabilidad en esta ingobernabilidad rampante, empezar a combatir la pobreza, promover el crecimiento económico y atender los múltiples desafíos del cambio climático y entrar -ojalá- a considerar modificar el rumbo del modelo económico causante del atraso y la miseria nacional. Guatemala sigue siendo un paraíso fiscal, donde pagar contribuciones reales al Estado es una ofensa para los sectores poseedores. Si no, veamos unas sencillas comparaciones, para entender mejor las razones de la desgracia en que nos encontramos: Belice tiene una carga tributaria del 27.5%, Costa Rica un 23.5%, El Salvador un 15.1%, Nicaragua un 31.1%, Honduras un 24.5%, mientras que Guatemala llega apenas al 10.8%. Esa es la razón porque esta nación sea el país de los grandes contrastes: personas que por millares se mueren de hambre y primer lugar en América Latina en la importación de autos de lujo.

Para la Actualización Fiscal de Otto Pérez Molina sigue siendo insuficiente. Se hace necesario gravar con impuestos adicionales a empresas de alta rentabilidad y limitada contribución como la telefonía móvil, por ejemplo, cuyos usuarios con consumo permanente suman varios millones. También en esas modificaciones deben incluirse la industria minera de alta perniciosidad natural y social que, indudablemente no puede pagar el 5% “voluntariamente” ofrecido al gobierno (con la condición de que si el precio internacional del oro baja, la regalía volvería a ser del 1%, asunto poco probable porque hoy todas las divisas convertibles del mundo son inestables y están acometidas por la debilidad productiva, tal el caso del dólar, euro o  yuan; hay una tendencia mundial de ahorro en el dorado metal). Pero hay un asunto interno sobre el cual no se ve se asuma ninguna medida: los altos sueldos de los funcionarios públicos de entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. El ingreso de las grandes mayorías de guatemaltecos con pleno empleo ronda los 2,000 quetzales mensuales, en tanto los funcionarios medios y altos cobran salarios escandalosos  -si se compara con los 2,000 mencionados-  como un repartidor de café y galletas en el Congreso que tiene un salario de veinte mil quetzales. O el caso del Procurador de Derechos Humanos que gana 105 mil quetzales, la Registradora de la Propiedad de Inmuebles que afirmó, fuera de toda realidad, que “no eran gran sueldo el suyo, sólo 67,000 quetzales mensuales”.  Y así, una larga lista de personas que tienen sueldos que hacen crujir el presupuesto nacional y la moral. Urge también una verdadera ley contra el enriquecimiento ilícito  -no la descafeinada que se ha propuesto-, eficiencia y transparencia en el gasto, gestión de resultados por los grandes problemas de ejecución presupuestaria. Por supuesto, es ocioso afirmar que todas estas medidas deben pasar por la consulta social de todos los sectores, a ver si CACIF no termina haciendo, pues, lo que les de le gana. Los sectores populares habitualmente son escuchados, aunque sus propuestas nunca tomadas en cuenta. Así ha funcionado la democracia de pacotilla guatemalteca y las perspectivas que sea diferente no son tan halagüeñas. La verdad que para modificar el modelo económico guatemalteco no se necesitan geniecillos teóricos de la economía, sino voluntades políticas de diferentes filiaciones ideológicas, porque de lo contrario se meten zancadilla mutuamente. Las correlaciones de fuerzas políticas no son seguras ni estables. Por el momento le favorecen al partido oficial, pero conforme se vaya hundiendo en sus contradicciones, el desgaste político irá haciendo menos viable sus políticas generales de Estado y la posibilidad de arribar a acuerdos o consensos mínimos. Este país de desconfianzas y suspicacias, lo prioritario es y serán los procesos de reconstrucción de las confianzas mutuas entre todas las fuerzas políticas. En fin, si el pacto fiscal sigue rengo  -como actualmente está en su irrelevancia e impulsado con mucha bulla-  la Actualización Fiscal es un hecho político y una acción administrativa irrelevante e intrascendente, que no ataca el fondo del problema (que son los oligarcas que no pagan) y se constituye en una simple medida administradora de la crisis, no la solución de un viejo problema.

               

Guatemaltequismos

ü  TRAMPOSO: Persona que no paga sus deuda, no porque no puede, si porque no quiere.

Publicado por: Marvin Najarro

Ct., USA.